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DERECHOS HUMANOS: LAS “CORTINAS DE HUMO”

Desde su inicio, el régimen militar sentó las bases de una política de represión y exterminio de militantes y dirigentes de la depuesta Unidad popular, y de todos aquellos que mostraran la voluntad de oponerse a su esquema dictatorial de poder. A los fusilamientos sumarios de los primeros días se sumaron rápidamente las torturas, los campos de concentración, los secuestros y las desapariciones. Estos hechos fueron rápidamente conocidos y repudiados por la comunidad internacional, pese a ser sistemáticamente negados por los representantes de Chile ante las Naciones Unidas y otros foros internacionales. La situación internacional no era necesariamente inmanejable debido a la simpatía que despertaba en los sectores anticomunistas de occidente el que nuestro país hubiese “derrotado al comunismo” y que además nos entregásemos a políticas económicas abiertamente neo-liberales. Sin embargo, la dictadura cometió un error de cálculo en la estrategia de exterminio de opositores: en 1976 se decide organizar el asesinato de Orlando Letelier, ex-canciller del gobierno de Allende. Letelier vive en Washington DC, de manera que el asesinato debía hacerse al interior de los Estados Unidos. Finalmente la operación resulta todo un éxito, solo que junto a Letelier muere su secretaria, la estadounidense Rony Moffit. El gobierno norteamericano decide entonces tomar cartas en el asunto.

El final de la década del ’70 estuvo marcado por la investigación llevada a cabo por un fiscal de los Estados Unidos para dar con los responsables del asesinato en Washington del ex-canciller del gobierno de la Unidad Popular, el socialista Orlando Letelier. Eugene Propper, el fiscal norteamericano, llega a la conclusión que el asesinato había sido planeado por la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) y solicita la extradición a los Estados Unidos de su director, el coronel de ejercito Manuel Contreras. Los tribunales de justicia inician una investigación sumaria para determinar si procede dicha medida. Finalmente Contreras es favorecido con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que deniega la extradición.



Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, junto al general Pinochet, su jefe directo.
(foto aparecida en http://siglo20.tercera.cl)
Pese al “triunfo” legal del gobierno al dilatar y finalmente “diluir” el caso en las cortes chilenas, el costo político internacional fue de tal envergadura que las relaciones chileno-norteamericanas nunca volvieron a ser las mismas. Estados Unidos establece una sanción contra el Estado chileno que implicó la prohibición de ventas de armas a nuestro país prácticamente hasta el fin del gobierno de Augusto Pinochet. Sumada a esta acción se encuentran todas las sanciones internacionales exigidas por numerosos países europeos en contra de la política represiva del estado chileno. La solución ideada por el gobierno para aminorar las críticas internacionales se centra en dos medidas, la primera de las cuales consistió en la disolución de la DINA y su reemplazo por la CNI (Central Nacional de Informaciones), organismo netamente “técnico”, dedicado exclusivamente a labores de inteligencia y no a labores represivas [9].
La segunda respuesta a las demandas internacionales fue la liberación de los presos políticos que permanecían en los centros de detención, tortura y desaparición que mantenía el régimen militar, proceso regulado por la dictación de una ley amplia de amnistía [10] . Ninguna de las dos medidas permitió al régimen recuperarse del descrédito que ya había acumulado: si bien el estilo de la CNI no incluía el reeditar las atrocidades cometidas por la DINA de Contreras, seguían produciéndose detenciones arbitrarias, muertes y desapariciones [11].


Emblema de la DINA

[ 9] Esta medida se había tomado en agosto de 1977, cuando ya estaban muy tensas las relaciones con Estados Unidos a propósito del crimen de Letelier.

[10]
El 19 de abril de 1978 se da a conocer el texto de la ley de amnistía para todos los crímenes cometidos en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Se exceptúa el proceso por falsificación de pasaportes del caso Letelier (fuente: sección CHILE EN EL SIGLO XX del sitio http://siglo20.tercera.cl/index.htm).

[11]
La CNI ha sido identificada como la culpable de una enorme cantidad de torturas y asesinatos desde su creación el año 1977. El último asesinato político de la dictadura militar fue el del dirigente político del MIR Jecar Neghme, pocos meses antes de las elecciones del que sería el nuevo gobierno civil, el 3 de septiembre de 1989, a 12 años de la creación de la CNI.